Cuando viajamos en el tiempo unas cuantas décadas atrás, encontramos cientos de novelas policiales, dramas acerca de la persecución de los criminales y cómo estos evitaban de todas las maneras posibles el largo brazo de la ley. Sin embargo, aunque esto genere historias fenomenales como las de Sherlock Holmes, la verdad es que la realidad tiende a ser un poco más triste que la ficción.
Alrededor de hace 60 años, lo común en países como Estados Unidos (que, por ende, marcaban pauta para otros países en sus sistemas judiciales), poseían un sistema en donde los abogados únicamente defendían a aquellos criminales que, por su evidente culpabilidad, habían amasado fortunas, habían cometido largas cadenas de fechorías que les generaba un renombre popular o circunstancias similares. Era un trabajo diseñado para defender a aquellos que el público quería ver tras las rejas, o que, por lo menos, pagaban por su defensa de manera tal que se hicieran toda clase de maniobras que les permitiera escaparse entre los dedos de la justicia.
Tristemente, esto generaba una problemática silenciosa que año tras año iba alimentando las cárceles de inocentes, de personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o de personas que por las circunstancias en las que se encontraban, el cometer el crimen les había permitido permanecer con vida, como es el caso de aquellos hambrientos o de aquellos que por años de abuso no veían otra escapatoria más que acabar con la vida de su abusador.
Es por esto que uno de los ejemplos más claros que marcó el antes y después de la defensa criminal fue el de Betts v. Brady, un indigente del estado de Maryland, en Estados Unidos, que fue acusado de cometer robo y al momento de pedir representación por parte de la ley, le fue denegada pues la ley estadounidense para esa época no requería que las personas que cometieran delitos federales tenían derecho a un abogado. Gracias a esto, el acusado declaró habeas corpus, un recurso de ley utilizado cuando no hay un debido proceso al momento de aplicar la detención al acusado y que lo llevó a su libertad ordenada por la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
Gracias a esta historia y a la creciente presión social por el civil rights movement se estandarizó la necesidad de ser representado por un abogado de defensa legal cuando se es acusado de un crimen, indistintamente de la capacidad económica de la persona. Esto permitió que las personas marginadas que usualmente eran juzgadas sin ninguna clase de defensa pudieran tener una chance a ser escuchados por el jurado para tomar la decisión adecuada con respecto a su caso, y dado este movimiento cultural, es ahora común en las leyes de un gran número de países el derecho a ser representado por un abogado brindado por el estado en caso de no tener fondos suficientes para financiarlo.
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